14 marzo,
2014
La política neoliberal que ha
imperado en nuestro país desde que Carlos Salinas desmanteló el aparato de
medios de producción del estado mexicano, ha conducido a la desnacionalización
de grandes sectores de la economía nacional. La minería es uno de ellos. El
sector minero está en manos de oligopolios nacionales y extranjeros, que están
sometiendo a las regiones mineras a una explotación intensiva y depredadora del
medio ambiente y de las poblaciones locales. El afán de ganancia y la
introducción de tecnología que permite la extracción masiva de minerales y el
desplazamiento de mano de obra, se están reflejando en el deterioro de los
entornos y geografías regionales, pero también han afectado patrimonios
simbólicos y sociales, como sucedió con el histórico poblado de Cerro de San
Pedro en San Luis Potosí, que fue afectado profundamente por los trabajos de la
minera canadiense Metallica Resources Inc. hoy New Gold, hace
diez años, y que desató una resistencia ciudadana que tuvo repercusiones
nacionales (proyectocerro.blogspot.mx/). O el caso del complejo minero de
Peñasquito en Zacatecas, la mayor mina de oro de América Latina, en manos de la
también canadiense Goldcorp, que en 2010 se apoderó de 600 hectáreas ejidales mediante contratos de
ocupación temporal y falsificación de títulos agrarios (nota de
Georgina Howard en Reporte Índigo). Esta fuente afirma que “A
nivel mundial su fama [de Goldcorp] es de
‘depredadores’ del medio ambiente, del entorno económico y social a donde
llegan a establecerse. Gastan millones en las demandas jurídicas que les
realizan en todos los países a donde llegan a extraer metales preciosos.”
La misma fuente afirma que
existen 210 empresas extranjeras en el sector minero metalúrgico mexicano,
principalmente canadienses. Por otra parte, el reporte “Panorama Minero del
Estado de Guanajuato” publicado por la Secretaría de Economía en 2010, reporta
que las principales minas del municipio de Guanajuato son explotadas por las
empresas canadienses Endeavour Silver Corp., Gammon
Gold Inc. YGreat Panther Silver LTD, cada una trabajando
respectivamente los complejos de Bolañitos, El Cubo-Las Torres y
Valenciana-Villaseca, con producciones diarias de mineral de mil 100
toneladas, 480 toneladas y 720 toneladas.
Éste último complejo está
compuesto por las minas más antiguas de Guanajuato: Rayas, Cata, San Vicente y
Valenciana, más otras 28 minas menores. Se trata de filones que antes explotaba
la Cooperativa Minera Santa Fe de Guanajuato, que se vio obligada a rematar sus
bienes en 2005 por 7.25 millones de dólares, luego de una asamblea que desde
entonces ha sido fuertemente cuestionada en su legalidad por muchos de los
antiguos asociados (nota de Patricia Muñoz enLa Jornada, 16 de noviembre
de 2005). A lo largo de estos años, los excooperativistas opositores a esta
enajenación se han manifestado de diferentes maneras, hasta incluso ser
remitidos a los separos de la policía, sin que los gobiernos hagan mayor caso
de sus reclamos.
En las últimas semanas se ha
desatado una problemática inquietante en el complejo Villaseca: la creciente
irrupción de “lupios” –ladrones de mineral- en los socavones y galerías de las
minas. Desde tiempos coloniales el robo de mineral ha sido común, e incluso
afectó a la cooperativa minera en su momento, pero su incidencia se ha acentuado
mucho en la actualidad. La empresa de Vancouver contrató a una empresa mexicana
de seguridad, “Grupo de Inteligencia Armado”, con sede en Guadalajara, para
vigilar sus instalaciones. El problema es que son auténticos Pinkertons,
“guardias blancas” de la empresa, que reaccionan draconianamente ante las
incursiones de los mineros que por desesperación se cuelan en la mina para
extraer costales de mineral, cuyo valor yo supongo es moderado, ya que la ley
de plata en Guanajuato es baja.
Este cuerpo armado ya ha
abatido y muerto a dos lupios en las últimas dos semanas. Luego se enfrentaron
a los familiares de los rateros en su comparecencia ante el ministerio público,
y uno de estos pitbull detonó su arma en plena calle. Es claro que sus reacciones son excesivas,
ya que los lupios son cacos que actúan en situación desesperada. Puede que sean
mineros desempleados, o son los trabajadores activos de la empresa que, ante
los bajos salarios y prestaciones ofrecidos por su empleador, caen en la
tentación de robar, por lo que dejan preparados los sacos con mineral para su
incursión posterior por ingresos clandestinos que sólo conoce un minero
experimentado. Es un trabajo mal pagado e inseguro. Yo ya perdí la cuenta de la
cantidad de accidentes que han ocurrido en las minas de la Panther, muchos
de ellos mortales; lo sé porque soy vecino del mineral de Mellado, y muchos de
mis colindantes son trabajadores en esos filones. Las compensaciones económicas
suelen ser ridículas: 100 mil pesos por deceso. Eso vale una vida humana. Por
eso entiendo y justifico la reacción de los excooperativistas, que han ocupado
la hacienda de Cobos, el antiguo corazón de la cooperativa minera más
importante que hubo en México, para demandar la restitución de los bienes de la
mutualidad.
Seguiré desgranando esta
mazorca la próxima semana…
Continúo
con el tema del conflicto que se
desató hace un par de semanas entre los antiguos miembros de la Cooperativa
Minera Santa Fe de Guanajuato y la empresa canadiense Great Panther Silver, provocado
por la dura política aplicada por la minera contra los denominados lupios que
extraen mineral a hurtadillas de los socavones, y que ha provocado ya dos
muertes en manos de los agentes de seguridad privada que cuidan ceñudamente las
instalaciones.
Hoy y ayer, los mineros de Guanajuato han tenido que pagar con
sangre para ser reconocidos en sus derechos laborales y humanos. Una masacre
perpetrada contra media docena de ellos el 23 de abril de 1937 dio pie a una
nacionalización ordenada por el presidente Lázaro Cárdenas, que permitió el
origen de la Cooperativa Minera Santa Fe de Guanajuato, una empresa social que
durante décadas no sólo garantizó a los mineros el respeto a sus derechos y a
su seguridad, sino también la participación en las ganancias de la sustracción
del mineral. Desgraciadamente en los años noventa el Estado mexicano cambió su
actitud ante las empresas colectivas, como las cooperativas, y no sólo dejó de
apoyarlas, sino que se dedicó a boicotear su existencia, promoviendo su
privatización, que finalmente debió darse en 2005, luego de muchos esfuerzos
infructuosos por preservar la cooperativa por parte de los trabajadores. Los
cooperativistas se vieron obligados a vender barato su empresa quebrada –siete
millones 250 mil dólares- y no muchos fueron contratados por la empresa
extranjera adquiriente de sus bienes.
El sentido social de la cooperativa y la cultura minera
desarrollada en torno al concepto del “patrimonio” fueron estudiados por una
colega antropóloga, la doctora Elizabeth Ferry, quien convivió durante un año y
medio con los mineros a fines de los años noventa. Ella publicó en 2005 un
espléndido libro denominado Not
Ours Alone (“no es sólo
nuestro”), frase que ella retomó de una entrevista con mi padre, Isauro Rionda,
y que evidencia el sentido de responsabilidad transgeneracional con el que los
cooperativistas concebían el patrimonio que habían heredado de sus mayores.
Había necesidad de explotar los fundos mineros con racionalidad, ya que esos
dominios tenían que beneficiar también a sus hijos y nietos. Es una lógica no
capitalista, de economía moral, que plantea un sentido de compromiso con el
futuro. En cambio una empresa privada explotaría los fundos con eficacia
devastadora, hasta su agotamiento y abandono, como ha sucedido con viejos
emporios hoy abandonados, como los minerales de La Luz y Pozos en los
municipios de Guanajuato y San Luis de la Paz.
En sus buenos tiempos la cooperativa había garantizado a sus
socios y trabajadores un ingreso digno, despensas semanales, educación –fue
dueña de la escuela Ignacio Montes de Oca, donde los hijos de los
cooperativistas estudiaban gratuitamente-, el hospital del Señor de Villaseca,
y otros bienes, que poco a poco fue perdiendo. Los gobiernos estatales panistas
consecutivamente les negaron apoyo financiero, y más bien les planteaban la
opción de liquidar la sociedad y privatizarla. Los gobiernos federales también
fueron sordos. Con el tiempo, esta cooperativa minera se convirtió en la última
de las ochenta que fueron creadas en los años treinta y cuarenta (Ferry, 2005:
4).
Pesaron mucho las décadas de malas administraciones de la
cooperativa. Incluso se rumora que algún administrador en los años ochenta la
llevó al borde de la quiebra y luego quiso adquirirla. Durante años la empresa
social luchó por sobrevivir ampliando sus actividades económicas hacia ramos
como el artesanal y comercial, pero sin éxito. Su patrimonio material era
considerable: 32 minas, cientos de hectáreas superficiales, docenas de
inmuebles y terrenos urbanos, algunos de ellos históricos y de enorme belleza;
maquinaria, un par de tráileres, etcétera.
La cooperativa minera fue desaparecida a raíz de una asamblea de
socios realizada el 19 de julio de 2005. Esa sesión ha sido denunciada como
irregular, pues en versión de muchos asociados no se contó con el quorum legal, además de que los acuerdos no
habían sido consensuados. A pesar de ello la empresa fue vendida a la compañía
El Rosario, subsidiaria de la Great
Panther Silver. De esta manera se retornó a la situación previa a 1937,
cuando las minas eran explotadas por la gringa Guanajuato Reduction & Mines Co.
que se caracterizó por sus abusos contra los trabajadores y el ejercicio de la
violencia mortal.
Hoy día los trabajadores mineros prácticamente están indefensos
ante sus empleadores. Aunque existe la sección 142 del Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República
Mexicana, el mismo que lidera Napoleón Gómez Urrutia, su intervención ha sido
prácticamente nula, incluso contraria, como ha sucedido con los trabajadores no
sindicalizados como los de las empresasoutsorcing. Por ejemplo, en 2012
la empresa “fantasma” Strata
Outsourcing, sin mediar aviso ni liquidación alguna, dejó abandonados a 200
trabajadores que laboraban en las minas Peregrina y Las Torres.
Seguiré desgranando esta mazorca la próxima semana…
Continúo reflexionando sobre los mineros excooperativistas de
Guanajuato, y su lucha reprimida por el reconocimiento de sus derechos
patrimoniales sobre los recursos nacionales que un día les fueron adjudicados
por el gobierno cardenista.
La lucha minera no es nueva ni reciente en el municipio de
Guanajuato. Se remonta al menos al arranque del siglo XX. En el siglo XIX la
explotación de las minas había caído en manos, primero, de empresarios
británicos, que luego fueron desplazados por los capitales y la ingeniería
norteamericanos. En 1904 se integró en Estados Unidos la empresa The Guanajuato Reduction and Mines
Co., la cual adquirió en propiedad las minas de Valenciana, Cata, Mellado,
Rayas, Tepeyac y Sechó. Ellos introdujeron el método de beneficio de la
cianuración, que permitió extraer plata y oro de baja ley, incluso de los jales
o desperdicios de explotaciones anteriores, y hasta de los adobes de las casas
abandonadas.
Los capitales extranjeros revitalizaron la explotación minera
local, pero aplicaron duras políticas en lo referente a su relación laboral con
los trabajadores mineros: bajos salarios, jornadas de 10 horas seis días a la
semana, bajas condiciones de seguridad, malos tratos, etcétera. Luego de la
revolución, no es de extrañar que la inconformidad fuese creciendo, sobre todo
cuando el gobierno federal impulsó el respeto a los derechos laborales
consagrados en el artículo 123 de la nueva constitución. El 12 de noviembre de
1936 los trabajadores de laGuanajuato Reduction se declararon en huelga general, en
pos de mejores condiciones económicas. Así comenzó un periodo de gran tensión
que desembocó en la matanza de los seis mineros, los “mártires del 23 de
abril”, a manos de los guardias de la empresa el año siguiente.
El 11 de mayo de 1938 la compañía se vio obligada por el
gobierno cardenista a entregar sus bienes a la sección 4 del sindicato minero
nacional, a partir de la cual se organiza la Sociedad Cooperativa
Minero-Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato. Esto correspondía bien a la política
del “nacionalismo revolucionario” sobre los bienes del subsuelo, propiedad de
la Nación.
La conciencia obrera y de solidaridad social que defendió la
cooperativa durante décadas fue fuertemente boicoteada por los gobiernos del
periodo neoliberal, que se encargaron de desmantelar el sector estatal y social
de la economía nacional. En el ámbito rural, su expresión más clara fue la
contrarreforma agraria de 1992, y la privatización del ejido. En el ámbito
minero, las privatizaciones nos han conducido a la situación actual, donde
grandes fortunas se han amasado en las últimas dos décadas a partir de una
actividad que se consideraba poco redituable en los años ochenta.
Los cooperativistas dicen que fueron despojados de su
patrimonio, mediante una asamblea que califican de ilegal en julio de 2005. A
pesar de que desde entonces denunciaron públicamente esta situación (véase la
nota de Patricia Muñoz en La
Jornada del 16 de noviembre
de ese año, “Empresa canadiense tras rica minera de Guanajuato”), la
adquisición por parte de la Great
Panther se concretó con el
beneplácito de los gobiernos federal y estatal. El argumento para apoyar la
privatización fue el de siempre: se crearán empleos y la riqueza generada se
derramará hacia la sociedad local. La verdad es que la generación de empleos ha
sido muy limitada, porque los canadienses han introducido tecnología de punta
que requiere poca intervención de operarios, y los sueldos se mantienen
deprimidos. Además la seguridad se mantiene como uno de los déficits más
evidentes. Se han registrado varios accidentes mortales en los últimos tres
años. Y mejor no hablemos de los impactos sobre el entorno natural, e incluso
de la estabilidad del subsuelo de la ciudad, que ha experimentado varios sustos
por los estallidos subterráneos.
Los cooperativistas tomaron las instalaciones de la exhacienda
de Bustos el domingo 9 de marzo pasado en demanda de que les sea restituido su
patrimonio. La empresa reaccionó e interpuso un recurso legal, además de
impulsar a sus trabajadores a manifestarse contra la ocupación. Con una
velocidad pasmosa, los gobiernos federal y estatal reaccionaron y el jueves 13
los ocupantes fueron desalojados “pacíficamente”, pero a partir de un
despliegue impresionante de fuerzas policiales con el apoyo del ejército. Fue
indignante ver cómo los agentes, armados como si fueran a enfrentar a una
peligrosa partida de delincuentes, desalojaban a algunas docenas de ancianos de
ambos géneros, hijos de los fundadores de la cooperativa, quienes
lastimosamente alegaban sus derechos al patrimonio expoliado en favor de
empresarios extranjeros.
Tristes son los actuales tiempos del neoporfirismo. Nada valió
un siglo de luchas sociales y una revolución armada, que nos legaron un modelo
de desarrollo socializado y solidario, que ha sido desmantelado. Lo que priva
hoy nuevamente es el principio del egoísmo y la lógica salvaje del
neoliberalismo. La cooperativa minera fue finalmente eliminada por la
antropofagia del capital.
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